Chihuahua, 13 de septiembre de 2026.— Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora de Morena Andrea Chávez, aparece entre los funcionarios relacionados con irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en operaciones de Liconsa correspondientes a 2023.
De acuerdo con una investigación de la periodista Peniley Ramírez, la ASF identificó 45 millones de pesos pendientes de aclarar, además de diversas anomalías en el programa de precio de garantía y en la adquisición y distribución de leche.
Pagos a proveedores fallecidos
Uno de los casos señalados ocurrió en Chihuahua, donde Gregorio Chávez Treviño se desempeñaba como gerente estatal de Liconsa, cargo al que llegó en noviembre de 2022.
En el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023, relacionado con la compra de leche a proveedores locales, la ASF detectó pagos por más de un millón de pesos a dos proveedores que ya habían fallecido.
Según la investigación, uno de ellos murió el 5 de febrero de 2023 y el segundo el 4 de marzo del mismo año. Los pagos, sin embargo, continuaron durante ese ejercicio. La ASF identificó la anomalía mediante el cruce de información con registros oficiales de defunciones.
Señalamientos por otros 4.5 millones de pesos
Chávez Treviño también aparece relacionado con un posible daño por aproximadamente 4.5 millones de pesos, correspondientes a pagos del precio de garantía a proveedores que presuntamente no cumplían con los requisitos establecidos para recibir ese beneficio.
La periodista buscó al funcionario para conocer su postura sobre los señalamientos, pero no obtuvo respuesta.
Irregularidades también en Jalisco y Coahuila
Los hallazgos de la ASF abarcan otros estados. En Jalisco, fue señalado Rubén Ramírez, entonces gerente estatal de Liconsa, por posibles irregularidades relacionadas con 15.8 millones de pesos entregados a proveedores que no cumplían los requisitos para acceder al precio de garantía.
En Coahuila, los subgerentes del Programa de Abasto Social Alma Rosa Garza y Eduardo Valdés aparecen relacionados con posibles irregularidades por 14.9 millones de pesos.
Además, en Jalisco la ASF detectó pagos por alrededor de 8.8 millones de pesos asociados con casi seis millones de litros de leche cuya recolección y traslado no pudieron ser acreditados.
La auditoría también documentó pagos por más de 35 millones de pesos a productores que habían superado el límite permitido de vacas en ordeña y, por ello, no eran elegibles para recibir el precio de garantía.
Los señalamientos corresponden a operaciones realizadas durante 2023 y forman parte de las observaciones de la ASF, por lo que los montos y posibles responsabilidades están sujetos a los procesos de aclaración y determinación correspondientes.
