El juez penal identificado con las iniciales M.J.T. reconoció los hechos que le fueron imputados, fue vinculado a proceso y anunció su renuncia al cargo, informó la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
La resolución se produjo durante la primera audiencia del caso, que se prolongó por más de siete horas, en la que el Ministerio Público formuló la imputación y presentó los datos de prueba obtenidos durante la investigación.
Al analizar los elementos presentados, la autoridad judicial determinó que existían datos suficientes para establecer la posibilidad de que se hubiera cometido un delito, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso contra el juzgador.
Posteriormente, la defensa solicitó la suspensión del proceso como una salida alterna prevista por la legislación. Entre las condiciones establecidas se encuentra que M.J.T. deberá renunciar de inmediato a su cargo como Juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial Hidalgo.
Asimismo, deberá abstenerse de acercarse a las personas relacionadas con la investigación, establecer un domicilio fijo, mantener una actividad laboral lícita y acudir mensualmente a firmar ante Servicios Previos al Juicio.
El imputado también deberá atender los llamados de las autoridades y desistirse de los recursos legales pendientes relacionados con el caso, incluidos medios de defensa y solicitudes de suspensión que hubiera promovido.
La Fiscalía Anticorrupción señaló que el cumplimiento de estas condiciones permitirá dar seguimiento al procedimiento conforme a lo establecido por la autoridad judicial.
La dependencia consideró que el resultado de la audiencia refleja, desde su perspectiva, el trabajo de una investigación profesional, técnica y sustentada en elementos objetivos, además de destacar que las salidas alternas previstas en la ley permiten resolver los procedimientos sin prolongarlos innecesariamente.
Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción afirmó que continuará con las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción y sostuvo que los casos deben avanzar ante los tribunales bajo los principios de legalidad, objetividad, debido proceso y respeto a los derechos humanos.
