Morena y aliados desatendieron llamado de ONU-DH que demanda al parlamento mexicano no aprobar dictamen que pasa Guardia Nacional al Ejército
Militarización de la seguridad pública aumenta violación de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y dificulta acceso a asistencia legal calificada
Las detenciones arbitrarias son una práctica generalizada en México y hay deficiencias en el Sistema de Justicia Penal, como la figura del “arraigo” y “prisión preventiva oficiosa”, que violan el derecho a la libertad
Luego de que el oficialismo aprobó por aplanadora las reformas constitucionales que adhieren la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, Noemí Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se coloca ante los ojos del mundo como violentador de acuerdos internacionales garantes de los derechos humanos.
Así lo manifestó tras los cambios a la Constitución respaldados esta madrugada en la Cámara de Diputados por Morena, PT y PVEM, con la oposición del PAN, PRI y MC, quienes rechazaron el dictamen que lleva al país a la militarización y además exigieron escuchar las observaciones del Grupo de Trabajo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas-México que solicitó no aprobar el dictamen.
La legisladora se refirió a los reportes dados a conocer este viernes por ONU-DH, en los que expresa su preocupación ante lo aprobado por el oficialismo, que apunta a “convertir la Guardia Nacional en una fuerza armada permanente, de origen y entrenamiento militar”. La inquietud del organismo estriba en que se “podría exacerbar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la Guardia Nacional”.
Noemí Luna lamentó la inflexibilidad y despropósito de Morena y aliados que -en su empeño por aprobar una ley enviada desde el Ejecutivo para militarizar al país- desoyeron los llamados hechos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) previo a la discusión, y que pidió a todos los grupos parlamentarios y a la Mesa Directiva que se allegaran de más elementos y se fortaleciera el diálogo entre las partes involucradas.
La Coordinadora de la bancada panista retomó los resultados difundidos este viernes por ONU-DH México, donde se expone que, contrario a lo votado esta madrugada por el oficialismo, el gobierno debe “asegurar la progresiva desmilitarización de las actividades de seguridad pública y garantizar que la intervención de las fuerzas armadas en estas funciones sea estrictamente extraordinaria, complementaria y subordinada a la autoridad civil”.
La Diputada por Zacatecas coincidió con el organismo internacional respecto a que las detenciones arbitrarias siguen siendo una práctica generalizada en México y existen deficiencias en el Sistema de Justicia Penal, tales como la figura del “arraigo” y la “prisión preventiva oficiosa” que violan el derecho a la libertad.
Con respecto a la militarización de la seguridad pública, la ONU citó a expertos internacionales que han recalcado que “conlleva al incremento de las violaciones a los derechos humanos; el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones; interpretaciones amplias del delito en flagrancia; la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados; ataques a la independencia judicial; un enfoque punitivo de la política en materia de drogas, y carencias en las condiciones de detención”.
La también Secretaria General del PAN nacional consideró que “la situación anterior se puede recrudecer si permitimos que estos cambios se hagan efectivos con el gobierno de Claudia Sheinbaum”, pues las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional aplicarían ya en el sexenio que está por iniciar el próximo 1 de octubre.
Al concluir, la coordinadora panista manifestó que “la violación del gobierno mexicano a los acuerdos con ONU-DH tendrá graves consecuencias. Para ello, las y los legisladores de Acción Nacional habremos de reunir las pruebas y recursos necesarios para llevar el tema de la militarización a instancias internacionales, a fin de que se proteja el Estado de Derecho en México”, aseguró.
