El Gobierno del Estado de Chihuahua solicita al Instituto Nacional de Migración (INM), acciones contundentes y urgentes para detener el flujo de los miles de migrantes, que llegan diariamente a Ciudad Juárez a bordo del ferrocarril, pues el gobierno federal es el único que tiene la facultad de diseñar y operar la política migratoria, así como los instrumentos institucionales.
Por lo anterior se solicita a las instancias del Gobierno Federal, cumplan con los acuerdos establecidos durante la Reunión de coordinación celebrada el pasado 22 de septiembre, encabezada por el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez y el general de División D.E.M., Norberto Cortés Rodríguez; con la participación de Troy Miller, comisionado de CBP del Gobierno de Estados Unidos; Manuel Padilla, asesor general del CBP, así como de la Gobernadora Maru Campos y miembros de su gabinete.
Entre los temas acordados para atender de forma inmediata, fue el ubicar, en coordinación con la empresa Ferromex, puntos estratégicos para el rescate de migrantes, acciones que al momento no han generado resultados positivos, pues continúa el arribo a la frontera de miles de migrantes que viajan por este medio.
Entre otros compromisos, se estableció la despresurización de la frontera mediante el retorno inmediato de las personas migrantes a sus lugares de origen, a través de puentes aéreos y terrestres, lo cual tampoco ha ocurrido
A pesar de los acuerdos dados en dicha reunión, el flujo de migrantes sigue incrementándose sin la atención debida por parte de las instancias federales, lo que pone en riesgo la integridad de los migrantes, y tiene un impacto social y económico que hoy afecta a los habitantes de Ciudad Juárez.
El cierre de los puentes y la doble inspección de los camiones de carga provocada por la crisis migratoria, ha generado pérdidas económicas de alrededor de 40 mil millones de dólares, además de la afectación en los empleos relacionados y la cadena de suministros.
El Gobierno del Estado de Chihuahua confirma su disposición para acompañar las acciones que encabecen las instituciones federales, que son las únicas con las facultades legales para atender la política migratoria y tienen el monopolio del uso de fuerza y recursos para ese fin.
