El Senado de la República aprobó la llamada “ley antimemes”, una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de internet por las infracciones que cometan los usuarios, pero que generó críticas de la oposición ante el riesgo de que pueda utilizarse para censurar publicaciones, investigaciones, caricaturas y contenidos incómodos para el poder.
Con 72 votos a favor y 37 en contra, el Pleno avaló en lo general el dictamen que reforma el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies. En la discusión en lo particular, las propuestas de modificación presentadas por senadores del PAN y Movimiento Ciudadano fueron rechazadas, por lo que el proyecto se aprobó en sus términos con 70 votos a favor y 37 en contra.
El documento fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Entre sus disposiciones establece que los proveedores de internet podrán ser considerados responsables de las infracciones a los derechos de autor cometidas por sus usuarios cuando incumplan las obligaciones previstas en la legislación, contribuyan o induzcan a esas conductas, tengan conocimiento de ellas o cuenten con capacidad para controlarlas y obtengan un beneficio financiero directamente relacionado.
La reforma contempla multas de cinco mil a 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para determinadas infracciones, de mil a cinco mil veces la UMA en otros supuestos y de 500 a mil veces en los casos restantes. Además, establece sanciones adicionales de 100 a 500 veces la UMA cuando persista la conducta infractora.
También dispone que los proveedores de internet deberán contar con políticas para suspender el servicio a usuarios reincidentes, las cuales tendrán que publicarse de manera permanente en sus sitios y formar parte de los términos y condiciones del servicio, además de incluir mecanismos de notificación.
Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, defendió que los cambios no establecen censura previa ni modifican la neutralidad tecnológica. Aseguró que no se sancionará a los proveedores por el simple hecho de ofrecer servicios, sino cuando incurran en las conductas previstas por la ley.
En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que la reforma busca proteger el trabajo de quienes producen contenidos culturales y creativos, sin poner en riesgo las libertades de los usuarios ni establecer facultades de bloqueo generalizado.
Sin embargo, desde la oposición surgieron advertencias sobre el alcance de las nuevas disposiciones. La senadora del PAN, Gina Gerardina Campuzano González, acusó que la reforma está disfrazada de protección a los creadores, pero podría facilitar la eliminación de investigaciones, denuncias, videos y hasta memes que resulten incómodos para funcionarios o autoridades.
«Proteger a los creadores no es lo mismo que blindar a un funcionario», sostuvo la legisladora, quien aclaró que su bancada no defiende la piratería, sino que advierte sobre el riesgo de censura.
Por el PRI, Manuel Añorve Baños también cuestionó la iniciativa al considerar que parte de la lógica de controlar aquello que incomoda al poder. Advirtió que una democracia no debe temer a los memes, la sátira política, los periodistas críticos ni los contenidos difundidos en redes sociales.
Movimiento Ciudadano, a través de Clemente Castañeda Hoeflich, rechazó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea utilizado como justificación para aprobar modificaciones que puedan comprometer la libertad de expresión. Señaló que cualquier regulación debe respetar los principios constitucionales de proporcionalidad y certeza jurídica.
En contraste, la morenista María Guadalupe Chavira de la Rosa defendió que la reforma busca armonizar la legislación mexicana con los compromisos del T-MEC y negó que tenga como objetivo limitar la caricatura política o el trabajo de los moneros. Mientras tanto, Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del PT, coincidieron en que la protección de los derechos de autor debe acompañarse de garantías para la creatividad, la privacidad y la libertad de los usuarios.
La discusión también incluyó el rechazo de una moción suspensiva presentada por la priista Claudia Edith Anaya Mota, con lo que el dictamen continuó su trámite legislativo hasta su aprobación.
