El exfiscal César Jáuregui habló por cerca de 20 minutos durante la audiencia inicial tras su detención por la Fiscalía de Chihuahua, esto fue lo que dijo antes de que fuera liberado por un juez de control y detenido minutos después por elementos de la Fiscalía General de la República.
Mi libertad y mi seguridad están en juego en muchos sentidos, en el proceso que estoy enfrentando en estos momentos.
Me llamó poderosamente la atención que, durante los argumentos que escuchamos por parte de la Fiscalía en relación con la formulación de imputación, se pudo establecer con claridad la enorme profundidad con la que se realizó la investigación. Fácilmente, más de 45 funcionarios públicos adscritos a la Fiscalía dieron testimonio y establecieron circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto al operativo.
Se desarrollaron pruebas técnicas específicas, análisis de comportamientos telefónicos, ubicaciones mediante GPS y revisiones de aparatos tecnológicos específicos.
Pasamos siete horas escuchando diversos testimonios que se rindieron con absoluta libertad y que fueron exhaustivos. No hay una sola referencia específica que me señale en los hechos relacionados con la intervención de agentes extranjeros. No hay un comportamiento telefónico ni la declaración de un funcionario que indique que yo haya participado en alguna reunión relacionada con esa intervención.
Ha quedado acreditado que, en una investigación exhaustiva, como la que realizó la Fiscalía, no se recabó una sola referencia sobre mi participación. No hay un nexo lógico-causal que establezca mi intervención para permitir la participación de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal. No hay uno solo.
La conclusión a la que llega la Fiscalía al analizar los hechos se basa en unos videos que muestran que me reuní con dos funcionarios, Zuany y Oseguera, y a partir de ahí sugiere que existe una relación directa con los acontecimientos en El Pinal.
De los 45 funcionarios, ninguno ha establecido una relación directa con mi participación ni ha señalado algo que constituya una evidencia objetiva de mi intervención. Ni siquiera existe un señalamiento específico sobre mi conocimiento de las personas que aparecen en esta investigación. No hay una sola prueba específica; todo se basa en presunciones y en una declaración periodística realizada cuando surgió la información durante las primeras 48 horas de los hechos. Tampoco hay un video en el que yo aparezca hablando con algún funcionario.
Incluso, quiero precisar lo que declaré ante la FGR, ante la titular de la comisión que se creó para investigar este asunto.
Resulta difícil creer que, después de las exhaustivas entrevistas realizadas, ninguno de los funcionarios me haya mencionado. Ninguno. Además, yo ya no podía tener alguna responsabilidad dentro de la Fiscalía después de mi salida y renuncia respecto a su estructura.
Los funcionarios están presentando sus testimonios con criterio y buena fe ante el Ministerio Público, exponiendo conclusiones sobre los hechos. La titular del organismo se desempeñó como fiscal de la Mujer durante mi periodo como fiscal del estado, y eso no fue impedimento para que realizara un ejercicio honesto.
Mi defensa ha sido clara, incluso al señalar que, a partir de las indicaciones de la Fiscalía, se realizarían acciones que contribuirían a la propia investigación. La honestidad de los funcionarios no está sujeta a alguna influencia de mi parte ni a la posibilidad de que yo manipule los aspectos de la investigación.
Su servidor jamás ha sido sentenciado por algún delito y nunca ha rehuido alguna responsabilidad jurídica cuando ha tenido que asumirla. No presenté en este momento como prueba mi renuncia, pero todo Chihuahua conoce los términos en los que la presenté. No fue una renuncia para tratar de evitar la responsabilidad por los hechos; se hizo necesaria para que no existiera la posibilidad de que mi presencia afectara las investigaciones de la propia Fiscalía.
Eso otorgaba credibilidad a la investigación que se realizaría y que hoy tenemos en consideración, y que habremos de refutar. No tengo ninguna duda sobre la honestidad de quienes la llevan a cabo.
Existe un debate que se ha postergado en el país y en nuestra entidad sobre los valores que sustentan el presente y el futuro desarrollo. No es un debate sencillo. Muchas veces pensé qué habría pasado si el comandante Oseguera, quien murió en cumplimiento de su deber, hubiera sobrevivido al accidente. En medio de este debate, ¿no se estarán riendo los narcotraficantes que sufrieron el daño y cuyos intereses fueron afectados al ver esta situación?
Debo señalar, su señoría, que el catálogo de delitos relacionados con nuestra seguridad nacional fue modificado legislativamente hace relativamente poco tiempo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No son delitos como el homicidio o la violación, sino delitos que obedecen a una percepción ideológica que se transmite en debates como los que suceden actualmente en el país.
Tan es así que, a nivel nacional, ni siquiera se han establecido con claridad los temas penales relacionados con la seguridad nacional. Si se hace una revisión exhaustiva, estas intervenciones podrían considerarse faltas administrativas para determinar la autoridad federal competente respecto al tipo de participación con agentes extranjeros.
Es un debate que da para mucho, pero, desde mi punto de vista, lo que está en juego influirá en el rumbo del país. Sé que este tipo de criterios no deben ponderarse para resolver mi situación. Chihuahua ha vivido sexenios en los que el uso de la prisión preventiva con fines políticos se utilizó de manera indebida, sin buscar justicia, sino venganzas políticas que no condujeron a tener un mejor Chihuahua.
Ante cualquier citatorio, he estado presente. He acreditado mi arraigo en Chihuahua mediante los distintos puestos públicos que he ocupado. Mi aspiración a un cargo de elección popular también me mantiene arraigado a esta entidad.
Hace algunos años, su señoría, había alguien que pretendía ocupar un cargo público y también había alguien que pretendía impedir que lo lograra. Yo no pretendo, bajo ninguna circunstancia, aprovechar alguna situación para evadir una responsabilidad o un procedimiento. Creo que lo que puede diferenciarnos es la congruencia y, en ese sentido, he acreditado plenamente mi actuación posterior en la Fiscalía, así como mi consecuente participación política.
Ahora, lo que está en juego es lo que se ha mencionado sobre mis supuestas conexiones extranjeras, que presuntamente podrían permitirme sustraerme de la acción de la justicia. Eso supondría que el Gobierno de Estados Unidos participaría en acciones ilegales. Esa es una de las premisas de la acusación de la Fiscalía, pero ningún gobierno haría algo así y, aun así, se está planteando como una posibilidad.
Me parece temeraria e irresponsable esa acusación, porque la base del éxito en el combate al narcotráfico por parte del propio Gobierno federal es la coordinación y, en determinados casos, la intervención de agentes. Es un hecho que todos conocemos.
No hay ningún elemento que permita suponer que tengo la intención de evadir la justicia, ni por mi comportamiento personal, político, social o de vida. Jamás he evadido un proceso de ninguna índole que implique alguna responsabilidad jurídica. Eso es, básicamente, lo que quería establecer.
Ante una justicia ciega, creo que estoy frente a la autoridad y entiendo la importancia de esta decisión.
Frente a los embates del poder, este tipo de resoluciones va sentando precedentes sobre la calidad de nuestra democracia, la división de poderes y la independencia en el ejercicio de las funciones públicas.
Sea cual sea la decisión que tome el tribunal, la respetaré y la acataré.
