Cuando, habiendo desatendido el diálogo en curso, Conagua abre las compuertas de una presa tan importante como La Boquilla, no sólo deja el paso libre a miles de metros cúbicos adicionales de agua, sino también a la resistencia espontánea y furiosa de los productores y la población, a descalificaciones, lucros políticos y hasta a los infiltrados y provocadores.
El pasado miércoles 25 por la noche, Conagua decidió incrementar el gasto de extracción de la presa La Boquilla, la principal del sistema de riego 05 y la más importante de Chihuahua, de 42 a 110 metros cúbicos por segundo, a pesar de que, desde finales de 2019, había acordado con los productores y con el gobierno del estado dialogar antes de aumentar el volumen extraído.
Los productores, agrupados en la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, Aurech, cuyo dirigente es Salvador Alcántar Ortega, reaccionaron con furia, hicieron caso omiso de todas las recomendaciones ante la pandemia del coronavirus y bloquearon varios puntos de la autopista Chihuahua-Jiménez, tomaron casetas de cobro. Y grupos enardecidos quemaron más de una decena de vehículos gubernamentales y privados, sumergieron en un canal dos camionetas de Conagua, incendiaron dos casetas de la misma dependencia y se enfrentaron a pedradas con la Policía Militar.
El dirigente de la Aurech, quien en todo momento buscó que se redujera el volumen extraído y se retomara el diálogo, reconoció que la protesta se le salió de las manos y se incurrió en actos de violencia y vandalismo. Sin embargo, la resistencia surtió efecto: a eso de las cinco de la tarde, Conagua redujo el volumen de extracción a 42 metros cúbicos por segundo, lo necesario para el riego del distrito.
La justificación de la Conagua para el incremento intempestivo de la extracción es que es necesario que Chihuahua entregue su parte del caudal que estipula el Tratado Internacional de Aguas de 1944, pues el imprevisible Donald Trump puede tomar el pretexto del no pago para salirse de este acuerdo que es claramente favorable para México. Algo hay de razón en eso…
Pero los productores organizados, bien conocedores del tratado argumentan que ya se entregó todo el caudal que debe aportar Chihuahua durante este quinquenio: en los pasados 75 años ha entregado un promedio de 725 millones de metros cúbicos anuales. En caso de que no se haya completado lo que se debe, se dispone hasta el 27 de octubre para pagarlo, según el propio tratado. Alegan que esta es la temporada menos indicada para soltar el agua, pues los cauces de ríos están secos y absorberán buena parte del líquido, y las altas temperaturas evaporarán otra, y sólo llegará al Bajo Bravo una muy pequeña parte del caudal. Esto no sucedería si se espera hasta el otoño, cuando las temperaturas desciendan y se aprovechen los escurrimientos del tiempo de lluvias.
No se oponen de ninguna manera al pago convenido de agua a Estados Unidos, aunque no dejan de sentir, que por más favorable que sea a México el tratado de 1944, no lo es para Chihuahua, que ha de ceder buena parte de su agua para que Baja California pueda recibir un buen caudal por el Río Colorado. Señalan que, con el pretexto de pagar el agua a Estados Unidos, se pretende favorecer a Tamaulipas en detrimento de los productores de Chihuahua, por la intervención de funcionarios de la paraestatal que vienen de gobiernos anteriores. Denuncian la opacidad de la dependencia, de la información parcial o contradictoria que brinda.
Conagua no puede seguir actuando de esta manera. No basta con que sea una dependencia de la 4T para que se legitime en automático todo lo que desde el centro decide. Ha de mantener un diálogo continuo y escuchar la voz de las regiones, de las comunidades y de los diversos tipos de productores, buscando el interés de la nación y viendo la forma de conjugarlo con el bien de las regiones.
Además, debe desterrar las inveteradas prácticas corruptas que se anidaron entre algunos productores y en ella misma en el manejo del agua: en Chihuahua se propició o cuando menos toleró la perforación y operación de cientos de pozos ilegales, la concentración de concesiones, la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Hay huachicoleo del agua robada para riego, desperdicio criminal. Todos estos problemas y vicios tienen que desterrarse en un diálogo sincero y valiente entre la dependencia, los usuarios, los productores, los diversos niveles de gobierno, que dejen fuera manipulaciones y lucros políticos.
Un gobierno empeñado en la lucha contra la corrupción debe propiciar un nuevo pacto con la sociedad basado en una nueva ética pública que considere el agua como un bien común para todos, que evite acaparamientos, lucros y despilfarros y construya una nueva gobernanza con la participación de usuarios, productores y comunidades. La consulta de Mexicali es un buen comienzo en este sentido.
Los comunes como el agua, no aguantan más despojo, acaparamiento y devastación, este también es un mensaje de la pandemia que nos urge atender.
Por: Victor M. Quintana Silveyra
*Investigador-docente de la UACJ
