Por Horacio Nájera
La noche del 15 de septiembre del 2008, mientras el entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, hacía repicar las campanas en la atiborrada plaza principal de Morelia, dos granadas explotaron matando a ocho personas e hiriendo a por lo menos 118 más.
Horas antes, los gobernadores de Tabasco y Chihuahua declararon que, además de en sus estados, en Sinaloa, Yucatán y Chiapas se recibieron amenazas de bomba en los festejos de independencia como forma de intimidación por organizaciones criminales buscando replegar operaciones en su contra.
Los autores intelectuales del que se considera el primer atentado terrorista -pero no el primer uso de explosivos- ejecutado por el crimen organizado en México fueron los exmilitares de los Zetas.
Muchos años antes, la madrugada del 11 de junio de 1994, la alegría de una ostentosa celebración de quince años en el salón Camichines del Hotel Camino Real de Guadalajara se interrumpió con el estallido anticipado de una bomba colocada dentro de un automóvil Grand Marquis.
El reporte policiaco estableció que en el sitio de la explosión dos hombres murieron y al menos 15 personas más resultaron con lesiones diversas. Las víctimas mortales, identificadas como Guillermo Gómez Chávez, alias «El Bunny» y Marcial González Muñiz, fallecieron mientras colocaban el automóvil en posición para detonar en la pared exterior del salón donde se realizaba el festejo.
En la Averiguación Previa 14770/94, la Procuraduría de Justicia de Jalisco detalló que el ataque era dirigido a asesinar a Luis Enrique Fernández Uriarte, padre de la festejada y ligado con la organización criminal entonces conformada por narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Joaquín Guzmán e Ismael Zambada. La autoridad estatal responsabilizó entonces a los hermanos Arellano Félix como los autores intelectuales y financiadores del ataque.
El 14 de Julio del 2010, un automóvil estacionado en una de las principales avenidas en el primer cuadro de Ciudad Juárez estalló a unos metros de paramédicos, policías federales y un médico que dejó su consultorio para auxiliar a un supuesto agente municipal lesionado de bala.
La explosión, activada de forma remota con un teléfono celular, mató a tres personas entre ellas al doctor que salió en apoyo, y lesionó al menos a ocho más, incluyendo periodistas cubriendo el incidente. Investigaciones revelaron que el atentado inició cuando el cuerpo ya herido de un hombre, vestido con uniforme de policía municipal, fue colocado como señuelo para atraer la mayor cantidad de fuerza y después estallar el vehículo estacionado a unos metros.
Tras su arresto, Jesús Armando Acosta Guerrero, alias «35», lugarteniente del grupo criminal “La Línea”, confesó que el objetivo del ataque fue en represalia por las operaciones de la policía federal en contra de su grupo.
El último fin de semana de mayo del 2008, fui testigo de cómo un correo electrónico anónimo en el que el crimen organizado anunciaba masacres en las calles de Ciudad Juárez a partir de las 09:00 PM generó un estado de angustia colectiva tal que, por tres días, la actividad comercial nocturna se paralizó, incluyendo el cierre total de los negocios ubicados en la avenida Juárez, la puerta de entrada al centro de la frontera. Antes, como reportero tuve la oportunidad de documentar situaciones similares en Villa Ahumada, Chihuahua y Cananea, Sonora.
El dos de abril de 1990, el Doctor Humberto Alvarez Machain fue privado de su libertad por hombres armados que ingresaron a su consultorio, lo amordazaron y lo ocultaron en una cajuela para de allí trasladarlo por avión desde Guadalajara a El Paso, Texas. Allí, agentes del FBI que pagaron a los captores arrestaron al médico bajo cargos de participar en el secuestro, tortura y homicidio del agente encubierto Enrique Camarena Salazar y su piloto en febrero de 1980.
La detención extraterritorial del médico se fundamentó en una opinión elaborada el 27 de julio de 1989 por el entonces fiscal general asistente de los Estados Unidos, William P. Barr -quien fue fiscal general 2019-2020 en la primera administración de Donald Trump- en la que consideraba que el presidente tenía la autoridad para ordenarle al FBI el arresto fuera de los Estados Unidos de fugitivos internacionales, sin la obligación de la aprobación del país donde ocurriera la detención, aún y cuando podrían violarse tratados internacionales.
La extradición ilegal de Alvarez Machain detonó un conflicto diplomático entre México y los Estados Unidos y el repudio internacional. El acusado fue juzgado y absuelto por una corte de California que no encontró elementos suficientes para acreditarle responsabilidad legal. Libre, Alvarez demandó sin éxito en 1993 y en 2004 al gobierno estadounidense por el plagio, supuesta tortura y encarcelamiento. La extradición ilegal llevó en 1994 a la firma del Tratado que Prohíbe Secuestros Transfronterizos ente los dos países.
En 1992, nueve años antes del atentado a las torres gemelas y al pentágono que potenció los servicios de inteligencia y el combate al terrorismo de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia (encabezado por William Barr) y la DEA comenzaron a registrar de manera secreta millones de llamadas telefónicas hechas hacia 116 países identificados por sus nexos con el tráfico de drogas ilícitas. Aunque los destinos cambiaron con el tiempo, México fue incluido.
La recolección masiva de datos, que no grababa las conversaciones, se llevó a cabo sin órdenes judiciales, e incluyó números telefónicos y destinos, sin importar si los usuarios eran sujetos de investigación o no, detalló el diario USA Today. Esta vigilancia electrónica fue cancelada en 2013 tras las relevaciones del exanalista Edward Snowden, quien denunció públicamente las operaciones de espionaje electrónico indiscriminado de la NSA luego del 9-11.
En 1986, un año después del secuestro y asesinato en Guadalajara de Enrique Camarena, el gobierno de los Estados Unidos promulgó la Ley contra el Abuso de las Drogas en la que se estableció el proceso de certificación que operó hasta el 2002 como una herramienta de presión internacional. La certificación establecía que, dependiendo de los esfuerzos locales para combatir el tráfico ilegal de drogas, los países -México incluido- serían merecedores a apoyos en seguridad y beneficios económicos y comerciales del gobierno estadounidense.
El 15 de octubre del 2020, el general en retiro y exsecretario de la defensa nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Los Angeles, California bajo cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York. La captura del también exdirector del Heroico Colegio Militar tensó las relaciones diplomáticas binacionales por un breve tiempo, ya que el 18 de noviembre fue repatriado sin cargos criminales por «importantes consideraciones de política exterior». En México, el exmilitar fue exonerado por la Fiscalía General de la República. El nueve de febrero, Cienfuegos reapareció en público junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en la marcha de la lealtad.
Horas después de que la administración Trump designó como organizaciones terroristas a seis grupos criminales de México, la defensa de Ismael “El Mayo” Zambada difundió una carta enviada al gobierno mexicano pidiendo su intervención para repatriarlo y evitar la potencial pena de muerte en suelo estadounidense. La carta incluye la advertencia del potencial colapso en las relaciones si no se concreta el regreso y advierte que la petición no es negociable.
México y Estados Unidos han mantenido por muchos años una relación compleja alrededor del narcotráfico binacional. Al examinar su historia, es claro que la nueva designación de la administración Trump tiene mucho de política y traerá más violencia al ya de por si aterrorizado pueblo mexicano.
