Sentenciado a nueve años de prisión y a pagar más de 63 millones de pesos por administración fraudulenta
- Administraba varios ranchos cuando le descubrieron un faltante de 4,560 cabezas de ganado bovino
La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años de prisión, dictada en contra del imputado Jesús S. P., por el delito de Administración Fraudulenta, quien además deberá pagar la cantidad de 63 millones 864 mil 480 pesos a las víctimas por concepto de la reparación del daño.
En el juicio oral 03/2023, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario, demostró ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Galeana, la responsabilidad penal del ahora sentenciado por hechos delictivos registrados entre el año 2016 al año 2019.
De acuerdo a las investigaciones ministeriales, en ese periodo, Jesús S. P., tenía a su cargo la administración de diversos ranchos ganaderos, ubicados en los municipios de Buenaventura, Villa Ahumada, Namiquipa, Casas Grandes, cuando cometió el delito a la moral ofendida, consistente en el faltante de 4,560 cabezas de ganado bovino.
En el juicio seguido en su contra se demostró que cometió el delito de administración fraudulenta para su beneficio, provocando un detrimento en el patrimonio de las morales ofendidas por el monto total de 63 millones 864 mil 480 pesos.
Hechos por los que fue detenido en enero de 2022 con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario.
Tras proceder penalmente en contra de Jesús S. P., los agentes del Ministerio Público presentaron el cumulo probatorio que demostraba la participación del imputado en los referidos hechos delictivos por los que purgará su sentencia.
La sentencia impuesta al agresor, demuestra el cumplimiento del compromiso para mantener el orden y el respeto a los representantes de la ley, necesario para que prevalezca el estado de derecho.
