Transparencia Mexicana y la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASECH) sostuvieron una reunión de trabajo para analizar las sanciones por corrupción (responsabilidades administrativas graves) derivadas de las auditorías realizadas por órganos de fiscalización superior.
En la reunión de trabajo se revisaron las resoluciones —y el sentido de éstas— dictadas por los tribunales de justicia administrativa de todo el país, como resultado de los informes de presunta responsabilidad administrativa emitidos por las entidades de fiscalización superior.
A partir de las reformas anticorrupción de 2015 y 2016, que impulsó Transparencia Mexicana, los órganos de fiscalización superior adoptaron nuevas facultades de detección e investigación de faltas administrativas graves.
En la sesión de trabajo entre ambas instituciones se analizó el desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua a partir de las nuevas facultades entregadas tras la reforma anticorrupción.
En el caso de Chihuahua hay cerca de 100 investigaciones de la auditoría superior del Estado. A nivel nacional, incluida la Auditoría Superior de la Federación, hay más de 1900.
Durante la reunión, el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, solicitó a Transparencia Mexicana conocer la posición relativa del estado de Chihuahua respecto a otras entidades federativas del país, así como el número de sanciones dictadas en cada entidad federativa y a nivel federal.
Este análisis, señaló el auditor superior, permitirá mejorar el desempeño de la auditoría y continuar en el esfuerzo por reducir la impunidad por casos de corrupción. Los resultados de la valoración que entregará Transparencia Mexicana, subrayó la ASECH, darán elementos para medir la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción en lo que toca a las responsabilidades graves identificadas por los órganos de fiscalización superior.
Transparencia Mexicana aceptó realizar, en coordinación con la ASECH, una valoración de los resultados federales y por entidad federativa, y se comprometió a hacer públicos los resultados de este análisis en el mes de junio, una vez concluido el proceso electoral 2024.
