Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih, 24 agosto 2022. Los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, en voz de la diputada Magdalena Rentería Pérez, manifestaron su repudio al crimen de estado que representó el caso de la desaparición los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y que, ante la caída de la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha destapado una serie de graves delitos que se dieron desde las altas estructuras de poder en México.
Rentería Pérez recordó que la noche del 26 de septiembre de 2014 cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, y jamás se supo de ellos, mientras que la autoridad federal asumió el caso e impuso desde las instituciones una versión que al día de hoy se ha derrumbado y que ha exhibido que se trató de un crimen de estado, que se agravó al contrastar la actual investigación de la Fiscalía General de la República con la supuesta “verdad histórica”.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso de encontrar la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El 3 de diciembre de 2018, el presidente emitió el primer decreto de su gobierno para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, a fin de hacer valer el correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad e instruyó a todas las instituciones de la administración pública federal a demoler los obstáculos, romper las inercias y complicidades que desde el Estado mexicano se erigieron para esconder la verdad sobre la desaparición de los normalistas.
Según la primera versión oficial de entonces, divulgada durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos fueron entregados aquella noche por policías municipales a un grupo criminal. De acuerdo con esta versión, miembros de este grupo criminal confundieron a los jóvenes con integrantes de una banda rival y los asesinaron para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula, en Guerrero.
La investigación que llegó a estas conclusiones fue liderada por el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, hoy indiciado y bajo prisión preventiva, y el jefe de investigación Tomás Zerón.
La versión fue desestimada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación, con apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional y estimaron que la «verdad histórica» no había atendido adecuadamente la línea de investigación, demostrando la existencia de «una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano”.
Las conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa fueron finalmente presentadas este jueves 18 de agosto por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos. El informe estableció que en el crimen «concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen y los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, así como la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes», dice el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República, anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.
“Condenamos el crimen de estado, perpetuado en contra de 43 jóvenes, condenamos la negligencia de las autoridades, la complicidad, las omisiones y todas las acciones u omisiones que se han perpetrado a lo largo de la historia de México, dos años de opacidad, hasta que Andrés Manuel López Obrador, asumió la presidencia, se comprometió con las víctimas y se llegó al esclarecimiento de los hechos”, manifestó la diputada Magdalena Rentería.
Finalmente, la legisladora mencionó el nombre de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que desaparecieron aquel trágico día.
