Familiares de los cuatro custodios procesados por homicidio y tortura de un interno del Cereso se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para denunciar presuntas irregularidades en la investigación y exigir que se esclarezca quiénes participaron en la agresión que provocó la muerte del detenido.
Mónica Cortéz y Ramona Aguilar encabezaron los señalamientos y sostuvieron que los trabajadores son inocentes. Afirmaron que su función consistía en trasladar al interno desde el tribunal hasta la entrada del centro penitenciario, por lo que pidieron investigar lo ocurrido después de que fue entregado al personal del Cereso.
Entre sus principales cuestionamientos señalaron presuntas contradicciones en los informes sobre la existencia y entrega de videos relacionados con los hechos. Indicaron que inicialmente se habría dicho que no se tenía conocimiento de las grabaciones, pero posteriormente se informó que habían sido enviadas. También aseguraron que las imágenes difundidas no muestran maniobras de los custodios que, a su juicio, expliquen el fallecimiento, por lo que invitaron al fiscal general a revisarlas junto con las madres de los procesados.
Las familiares también cuestionaron la versión sobre el estado de salud del interno al salir del tribunal. Afirmaron que, mientras el Ministerio Público habría señalado que salió moribundo, en una grabación se le observa caminar por su propio pie. Además, pidieron revisar los documentos relacionados con una orden de aprehensión y las grabaciones que permitan reconstruir lo ocurrido desde su entrega al personal penitenciario hasta su muerte.
Otro de los señalamientos fue la presunta falta de incorporación a la carpeta de investigación de declaraciones de tres testigos de Asuntos Internos de Seguridad Pública. Consideraron que esos testimonios, junto con los videos y los dictámenes periciales, deben analizarse para determinar la causa de muerte y establecer la participación de cada persona.
Finalmente, solicitaron a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial revisar las pruebas y continuar las investigaciones para identificar a los responsables. Las acusaciones de irregularidades y los señalamientos sobre la inocencia de los custodios corresponden a la postura de sus familiares; la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial.
