Los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Sánchez Villegas y Alfredo Chávez Madrid, presentaron una iniciativa para transformar a la Fiscalía General del Estado (FGE) en un organismo constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
La propuesta plantea separar a la Fiscalía de la estructura del Poder Ejecutivo y otorgarle autonomía técnica, presupuestal, financiera y de gestión, con el objetivo de garantizar que sus funciones no puedan ser influidas, restringidas o condicionadas por ninguna autoridad.
“Una Fiscalía subordinada al gobierno en turno nunca podrá garantizar plenamente que la ley se aplique sin cálculos políticos. Esta reforma busca que en Chihuahua la justicia no reciba órdenes del poder, que investigue con absoluta independencia y que responda únicamente ante la Constitución y los ciudadanos”, señaló Francisco Sánchez.
El legislador indicó que Chihuahua forma parte de las seis entidades del país donde la Fiscalía General aún depende de uno de los poderes públicos, mientras que 26 estados han avanzado hacia esquemas constitucionales de autonomía.
Sánchez Villegas destacó que la independencia de la institución es necesaria principalmente en investigaciones relacionadas con actos de corrupción, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos y delitos cometidos por servidores públicos.
La iniciativa también contempla modificar el proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía, fortaleciendo la participación del Congreso del Estado. La terna enviada por el Poder Ejecutivo deberá ser revisada por la Comisión de Justicia, donde se realizarán comparecencias para evaluar la experiencia, conocimientos e idoneidad de los aspirantes.
Posteriormente, el Pleno del Congreso deberá elegir al fiscal mediante el voto de al menos las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes. Además, establece que la persona titular solo podrá ser removida por causas graves debidamente acreditadas, respetando su derecho de defensa y con la aprobación de las dos terceras partes del Legislativo.
Los coordinadores parlamentarios señalaron que la reforma busca fortalecer el sistema de procuración de justicia, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que las investigaciones se desarrollen bajo criterios jurídicos y técnicos, sin intereses políticos.
