En el marco de la entrega formal de la glosa del cuarto informe de gobierno, de la administración de María Eugenia Campos, el coordinador del grupo parlamentario de morena, Cuauhtémoc Estrada, cuestionó la forma y el fondo del mismo, pues destacó que la gobernadora no se haya presentado ante el pleno legislativo ella misma a presentar su informe y que durante este año de gobierno la administración estatal sigue manteniendo pendientes estructurales en seguridad, servicios básicos, movilidad e infraestructura educativa, mientras que buena parte del gabinete se encuentra más concentrado en proyectos políticos que en el ejercicio de sus funciones.
“El informe es el acto de rendición de cuentas que establece la ley. No es propaganda ni un foro político”, subrayó el legislador, al cuestionar que la mandataria no acudiera personalmente al Congreso y enviara en su representación al secretario general de Gobierno. Además, sostuvo que “Es difícil que la gobernadora pueda dar resultados cuando sus cinco funcionarios de mayor responsabilidad andan en campaña. Eso afecta la operatividad del gobierno”. Estrada mencionó al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; al fiscal general, César Jáuregui; al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; y al titular de Desarrollo Humano, Rafael Loera, al asegurar que se encuentran enfocados en actividades de promoción, de sus aspiraciones políticas particulares.
Sobre el informe Estrada retó al Ejecutivo estatal a precisar cuáles son los logros concretos de la administración para poder analizarlos con objetividad. “Primero que en su informe nos diga los aciertos y luego los analizaremos a ver qué tan ciertos son”, declaró. Y adelantó que la bancada de morena realizará un análisis puntual del documento, al considerar que existen temas que no aparecen reflejados con la dimensión que vive la sociedad chihuahuense.
Sin embargo, recordó algunos de los temas que más adolecen en esta administración, y entre los señalamientos más duros destacó la Torre y Plataforma Centinela en Ciudad Juárez, proyecto emblemático del actual gobierno, con una inversión cercana a los cinco mil millones de pesos. Recordando que Chihuahua se mantiene entre las entidades con mayor número de homicidios en el país, lo que -dijo- contrasta con el discurso oficial de fortalecimiento en seguridad. Estrada afirmó que la obra presenta fallas, retrasos y sobrecostos, y que está lejos de cumplir con lo prometido originalmente. “Se planteó como el proyecto insignia en materia de seguridad y hoy está totalmente fuera de lo que se ofreció; la van a terminar, según el clásico, ‘haiga sido como haiga sido’, cuando concluya la administración”, ironizó.
Así mismo destacó que tanto en Chihuahua capital como Ciudad Juárez persisten sectores con hasta tres décadas sin acceso a agua potable ni drenaje, ejemplificando señaló la zona conocida como “Los Kilómetros”, en la fronteriza Ciudad Juárez. “A la sociedad chihuahuense le duele que todavía tengamos zonas por décadas sin servicios básicos”, expresó. De la misma manera como la falta de agua potable, la materia de movilidad es una signatura pendiente de este gobierno, y sostuvo que el transporte público continúa siendo un problema tanto en la capital como en Juárez. Aseguró que el sistema BRT no ha resuelto la demanda y que las rutas alimentadoras siguen siendo insuficientes o inexistentes en diversas áreas, afectando el derecho a la movilidad de miles de personas.
Estrada también expuso el caso del suroriente de Ciudad Juárez, donde cerca de 300 mil habitantes cuentan únicamente con dos preparatorias, mientras una tercera es construida por el Gobierno Federal. A su juicio, la infraestructura educativa resulta claramente insuficiente frente al crecimiento poblacional, no solamente en la frontera y en la capital, de igual forma en otras municipalidades y en áreas rurales.
De la misma forma recordó que una deficiente administración y regulación de los giros comerciales funerarios dieron pie al caso del crematorio Plenitud, en el que, criticó, continúa una investigación mientras el propietario permanece en libertad. Cuestionando además la actuación de las autoridades estatales encargadas de inspeccionar y vigilar este tipo de establecimientos. “¿Dónde está la investigación sobre quienes tenían la obligación de supervisar?”, planteó.
Recordó que el informe constitucional es el único acto obligatorio de rendición de cuentas establecido en la ley, por lo que insistió en que el análisis debe centrarse en datos verificables y no en eventos paralelos de promoción gubernamental. Señalando que desde el inicio de la administración morena ha advertido sobre rezagos en seguridad, servicios básicos e infraestructura, y sostuvo que, pese al paso de los años, los problemas persisten sin una estrategia clara para resolverlos. Por ello insistió en que “El debate no termina con la entrega del informe; apenas comienza”.
Gobernadora no rindió informe, prefierió el acto con sus incondicionales: Cuauhtémoc Estrada
