El Pleno del Senado de la República avaló en lo general, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
La minuta fue remitida esta tarde al Senado por la Cámara de Diputados y deriva de una iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como para priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
En la discusión, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, por lo que la legislación es la mayor aliada de los productores y los campesinos de México. La propuesta, expresó, “elimina la visión mercantilista del agua y la regresamos a su dueño legítimo, que es el pueblo de México”.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral, pues le da al Gobierno Federal la posibilidad de decidir, “de manera discrecional, quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar”, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Del PVEM, Juanita Guerra Mena argumentó que la reforma consolida una visión de Estado donde el agua deja de ser mercancía para asumirse como un bien social; el proyecto planteado por el Ejecutivo Federal, agregó, “hace que México avance hacia un modelo de gestión más justo, transparente y sostenible, que garantiza el acceso al agua como uno de los principales derechos humanos”.
Carolina Viggiano Austria, del PRI, advirtió que este proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua, además de que no se consultó a los pueblos originarios, por lo que, acusó, “el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad”.
Por el PT, Lizeth Sánchez García reiteró que esta legislación reconoce y da personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, al otorgarles derechos y obligaciones claras; asegura la transmisión expedita de derechos en herencias, compraventas y funciones lo que protege el patrimonio de familias campesinas; define el uso agropecuario familiar para proteger la economía de subsistencia y deja clara la diferencia entre los pequeños productores y los grandes agroindustriales.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, señaló que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano; además, se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, de corrupción, favoritismos y de castigo político, crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes por lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
