Auditoría Superior logra inhabilitación por 10 años a exfuncionario municipal de Ojinaga

-No registró ingresos en efectivo de contribuyentes que acudieron a pagar su impuesto predial.

El exjefe del Departamento de Predial y Catastro del Municipio de Ojinaga, Jesús A.Z., fue sancionado con la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de cargos públicos, así como una sanción económica luego de que en 2021 recibió dinero en efectivo de contribuyentes que pagaron su impuesto predial, pero que luego canceló en el sistema para sustraerlos en beneficio propio.

Esta práctica fraudulenta fue detectada en las revisiones anuales que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado, la cual presentó la denuncia administrativa ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

La falta administrativa grave que se logró imputar al servidor público municipal fue la catalogada como abuso de funciones y prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; además, el mismo servidor público, por estos mismos hechos, ya había sido declarado culpable por la vía penal por la comisión del delito de peculado agravado.

En la práctica, lo que aconteció es que algunos contribuyentes que acudieron a pagar su impuesto predial en el Municipio de Ojinaga, aparecían aún con adeudo en el sistema, lo que dio pie a las investigaciones de los auditores quienes lograron acreditar que lo pagos efectivamente se recibieron por parte del ex servidor público, pero éste nunca ingresó los recursos a la tesorería municipal.

Después del desahogo del proceso legal, la Quinta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determinó la inhabilitación por 10 años y una sanción económica de 33,000 pesos en contra del responsable.

Existen otros casos similares en dos municipios del estado donde la ASE ha detectado estas prácticas irregulares y están en proceso de deshago del procedimiento contra los servidores públicos que pudieran ser los responsables.

Con esta resolución, la ASE suma 57 personas a las que se ha logrado demostrar su responsabilidad administrativa grave por haber hecho mal uso de recursos públicos a su cargo.

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