Chihuahua, Chih.— En un hecho histórico para el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que las mujeres obtuvieran la mayoría de los votos en el proceso de designación de magistraturas. Sin embargo, lejos de celebrarse como un avance sustantivo en la igualdad de género, este logro quedó opacado por la aplicación de una ley electoral que, bajo una interpretación errónea del principio de paridad, terminó excluyendo a candidatas con más votos para dar paso a hombres con menor respaldo ciudadano.
Georgina Ávila Silva, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral, alzó la voz en la sesión donde se presentaron los resultados, y lo hizo con claridad: “Esto no es paridad”. Desde una visión crítica pero propositiva, recordó que el principio constitucional de paridad debe entenderse como un piso mínimo, no como un techo que limite la participación de las mujeres.
“La paridad no es 50-50, ni lo más cercano a ello. La paridad es al menos la mitad de los espacios para mujeres. Superar ese mínimo en favor de ellas no vulnera el principio, lo fortalece”, sostuvo Ávila, citando criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si bien, los acuerdos del Instituto Electoral de asignación de Magistraturas, Jueces y Juezas cumplen con la normativa en la materia, el problema, explicó, radica en que la Legislación fue redactada ignorando estos criterios y definiendo a la paridad como una integración igualitaria, obligando a una asignación alternada por género, lo que en este proceso derivó en una situación paradójica: mujeres con mayor votación quedaron fuera para dar paso a hombres con menos votos.
El discurso de la consejera no fue confrontativo, pero sí revelador. Pidió al Congreso del Estado revisar con urgencia el marco normativo para evitar que, en nombre de la paridad, se termine reproduciendo la exclusión histórica que se pretendía combatir.
Además, Ávila puso sobre la mesa la carga desproporcionada que enfrentaron las candidatas: “Campañas sin recursos, fiscalización compleja, violencia política contra las mujeres en razón de género y, además, cumpliendo sus dobles y hasta triples jornadas como cuidadoras y profesionales”.
La elección dejó aprendizajes, y uno de los más rotundos es que ni siquiera obtener más votos garantiza a una mujer el acceso al poder, si la creación de las leyes no responde a un entendimiento profundo del principio constitucional de paridad.
La paridad real no se alcanza con discursos ni fórmulas matemáticas. Se construye reconociendo trayectorias, respetando el voto ciudadano y garantizando que las reglas del juego no se vuelvan un nuevo muro para las mujeres. Porque como bien dijo Ávila Silva, dirigiéndose a las candidatas: “Es un logro que en Chihuahua más de la mitad de las personas impartidoras de justicia sean mujeres, pero a varias se les puso un techo (al limitar el acceso a solo el 50% de mujeres), esperemos que pronto esto cambie”.
