- “En la práctica esto significa que si una comunidad detecta un tiradero clandestino de residuos peligrosos, ya no tendrá que esperar semanas o meses para que la Federación actúe”, explicó el senador de Movimiento Ciudadano.
El senador Luis Donaldo Colosio, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma para que los estados y municipios tengan la facultad de supervisar el manejo de los residuos peligrosos, pues actualmente esto es una facultad exclusiva de la Federación.
Durante la sesión de este martes, el legislador por Nuevo León expuso que la autoridad federal carece muchas veces de la capacidad operativa para atender las denuncias ciudadanas por los ríos contaminados, suelos degradados y aire irrespirable en todo el país, lo cual se traduce en rezago, omisiones e impunidad.
“Los problemas ambientales más graves se concentran en regiones donde la presencia federal es escasa o intermitente. Entonces, ¿por qué insistimos en sostener un modelo que ya ha demostrado sus límites?”, cuestionó.
“Esta iniciativa parte de una convicción: los gobiernos locales no sólo pueden, sino que deben ser parte de la solución, porque los gobiernos locales son los más cercanos a la ciudadanía”.
Colosio sostuvo que los gobiernos locales son los primeros en recibir las quejas vecinales y en enterarse cuando una empresa vierte residuos peligrosos.
“También son los que pueden actuar más rápido, los que conocen el territorio, las dinámicas, a los actores; los que tienen una relación directa y cotidiana con sus comunidades. Empoderarlos no es solo un acto de justicia federalista, es una medida de eficacia ambiental”, subrayó.
En ese sentido, el senador de la Bancada Naranja detalló que su propuesta de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos plantea tres puntos principales:
- Permitir que las autoridades estatales y municipales realicen inspecciones y visitas de verificación en materias que hoy son competencia exclusiva de la Federación, siempre que exista un convenio de colaboración con ésta.
- Establecer que los resultados de esas inspecciones deben ser remitidos a la autoridad federal en un plazo máximo de cinco días hábiles.
- Garantizar que la Federación conserve la atribución para sancionar y emprender acciones legales.
“En la práctica esto significa que si una comunidad detecta un tiradero clandestino de residuos peligrosos, ya no tendrá que esperar semanas o meses para que la Federación actúe”, explicó.
“El gobierno estatal o municipal podrá intervenir, levantar el acta, reunir evidencia y enviar todo a la autoridad federal para que sancione. Significa que quienes hoy contaminan con total impunidad, sabiendo que nadie los inspecciona, empezarán a sentirse vigilados. Significa que, finalmente, le damos dientes a los gobiernos locales y responsabilidad compartida al Estado mexicano”, puntualizó.
La iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recurso Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos para su análisis y discusión.
