Pagó indebidamente indemnización a presidente municipal, síndico y regidores; lo inhabilitan
• Logra ASE sanción por falta administrativa grave
Con una inhabilitación por 10 años y el pago por 788 mil 402 pesos fue sancionado el que fuera jefe de Recursos Humanos del municipio de Cuauhtémoc, de iniciales J.P.O.M., durante el ejercicio de la Cuenta Pública 2021, por haber autorizado el pago indebido de indemnización y vacaciones al alcalde, síndica y regidores que concluían su administración.
Al hacer la revisión del Municipio de Cuauhtémoc, la Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó el pago a 16 regidores del Ayuntamiento, Síndica y Presidente Municipal por concepto de finiquito y vacaciones pese a que estaba imposibilitado legalmente para hacerlo.
La ASE logró acreditar la falta grave de desvío de recursos ya que en su calidad de servidores públicos electos por el voto popular no podían recibir ese tipo de pagos, dado lo establecido en la Constitución Local que señala que toda remuneración otorgada debe determinarse en el Presupuesto de Egresos del municipio, y en este caso no lo está.
El Presidente Municipal, de iniciales R.A.M.E. recibió 55 mil 868.49 pesos, la Síndica de iniciales P.A.M.R. por 53 mil 166.29 pesos y a cada uno de los regidores el pago fue de 39 mil 334.38 pesos, siendo la suma de esto 731 mil 975 .58 pesos el monto considerado como daño al erario que debe ser restituido.
El expediente integrado por la ASE fue admitido por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y turnado a la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas para su dictaminación.
De esta forma, el Magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza determinó la sentencia que estableció la inhabilitación por 10 años, el resarcimiento de los 731 mil 975 pesos y una multa por 56 mil 427 pesos.
Al respecto, el Auditor Superior Héctor Acosta Félix, destacó nuevamente que en los últimos meses el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ha acelerado la resolución y atención de las denuncias respecto de servidores públicos y particulares que cometieron faltas graves, lo cual ayuda a mejorar los resultados en el combate a la corrupción y la impunidad.
