El regreso de Leyzaola a Baja California

El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, flamante asesor de la Presidencia Municipal de Tijuana en materia de seguridad pública durante la actual administración del presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz, es uno de los ex militares con más observaciones de derechos humanos en México por señalamientos de tortura y responsabilidad en detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales y ahora ha vuelto a Baja California ante la actitud por lo menos omisa de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Y es que no se puede ignorar que en su larga carrera criminal desde el servicio público, Julián Leyzaola Pérez ha recibido un total de 27 Recomendaciones por parte de distintas instituciones de derechos humanos.

Entre éstas, se cuentan tres emitidas por la CNDH, tres por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, y 21 por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua.

En las recomendaciones se le señala en actos de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros abusos, tanto cometidos por él como por agentes bajo su mando.

Derivado de estas denuncias, se han abierto 21 averiguaciones previas.

Las consecuencias de estas acusaciones y recomendaciones han impactado la carrera de Leyzaola.

El municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, fue desalentado por la CNDH, en 2017, de contratarlo como asesor operativo en materia de seguridad pública.

Desde 2020, tiene dos órdenes de aprehensión en su contra pendientes de cumplimentar.

Además, las denuncias han traspasado el plano nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está dando seguimiento a los casos.

A pesar de estas sombras en su historial, Julián Leyzaola Pérez no ha renunciado a su ambición política, dando la espalda por completo a las víctimas y enviando un aterrador mensaje a la ciudadanía:

EN BAJA CALIFORNIA SE PROMUEVE LA TORTURA.

Lo que deja ver es que la lucha contra la tortura y el combate a la impunidad seguirá siendo una tarea sin terminar.

O una tarea ignorada para la Gobernadora de Baja California Marina Del Pilar Ávila Olmeda.

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