Ante el escenario de la desaparición del INAI y de los órganos garantes estatales, el Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia (ICHITAIP), Sergio Rafael Facio Guzmán, junto a sus homólogos de los estados de Morelos Durango y Guerrero, sostuvieron una reunión con diputados federales de Morena y Movimiento Ciudadano a quienes solicitaron considerar la autonomía de las entidades federativas y mantener la construcción de diálogos abiertos.
Los Comisionados presidentes de los órganos garantes locales, Hertino Avilés Albabera, de Morelos; Paulina Elizabeth Compean Torresaulina, de Durango y Horacio Díaz Quiñónez, de Guerrero, manifestaron ante los legisladores federales que la iniciativa de reforma constitucional pretende eliminar los organismos constitucionales autónomos estatales, cuya existencia es incluso anterior a la del INAI, además de que pretenda que los estados modifiquen su Constitución local e incluso extinga los nombramientos otorgados por las Legislaturas estatales, lo que transgrede la soberanía de los estados, ya que se antepone a su libertad de autodeterminación.
A la par, los Comisionados Luis Gustavo Parra Noriega, del Estado de México, Carlos Pavón Durán, de Yucatán, Jorge Armando García Betancourt, de Aguascalientes y Claudette González Arellano, de Quintana Roo se reunieron con senadores ante quienes expusieron sobre la autonomía y consideraron que la iniciativa de reforma deja de lado el artículo 40 de la Constitución General de la República referente a la soberanía de las entidades federativas.
En el caso de Chihuahua, el Comisionado Sergio Rafael Facio señaló que es uno de los estados pioneros que, en ejercicio de su soberanía constitucional en el año 2005 reformó el artículo 4° de su Constitución para crear el ICHITAIP como un organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública.
En las reuniones sostenidas en instalaciones de la Cámara de Diputados se reunieron con la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y los morenistas, Gabriela Jiménez Godoy, Hugo Flores Cervantes, Jorge Luis Sánchez, Aniceto Polanco, Claudia García Hernández, Gilberto Herrera, y Manuel Espino Barrientos, a quienes los comisionados solicitaron que no se constriña la competencia ni las atribuciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales a las secretarías de la Función Pública o contralorías, sino que se respete la libertad de los estados para determinar la manera en que se organice la forma de garantizar los derechos constitucionales señalados.
Así mismo, reiteraron que los artículos 6° fracciones IV y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos Segundo, Cuarto y Quinto Transitorios de la iniciativa de reforma, vulneran el principio de soberanía constitucional previsto en el artículo 40 constitucional, así como el artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
Los diputados federales fueron receptivos a los planteamientos hechos por los comisionados estatales, lo que permitió se abriera un espacio de retroalimentación entorno a la autonomía de los órganos garantes locales, bajo la consideración de que su relación con el INAI es institucional y como parte del Sistema Nacional de Transparencia, lo que se comprueba con la autonomía en su administración y en los nombramientos de los comisionados que los otorgan los congresos estatales en ejercicio de su respectiva soberanía.
En estas reuniones también se abordó el tema de las relaciones laborales con los trabajadores de los órganos garantes, en las que las entidades federativas habrán de resolver con particularidades, ya que al ser absorbidos por una dependencia de los ejecutivos estatales y cambiarse las condiciones laborales podría traer consigo demandas laborales y contemplar partidas presupuestales para pagar indemnizaciones por la pérdida de la relación laboral.
Además, se coincidió plenamente en la importancia de la seguridad laboral del personal de las instituciones, ya que muchos son el sustento de sus familias, considerando que no todos los poderes ejecutivos de los Estados tendrían la capacidad de integrarlos a nómina.
