Crímenes y desplazamiento forzado, realidad de las comunidades tarahumaras.
Tras la grave situación que se vive en el municipio de Guadalupe y Calvo, en donde grandes agrupaciones conformadas por familias enteras, niños, niñas y mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado por parte de amenazas y acoso realizado por grupos criminales asentados en el área, la fracción parlamentaria de Morena se uno a la exigencia de acciones de mayor significancia para la pacificación y defensa de la vida.
La diputada por Morena Leticia Ortega Máynez dirigió las siguientes preguntas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, así como a la Fiscalía General del Estado:
1.- ¿Qué estrategia específica se implementa en estos momentos para salvaguardar la integridad de las personas que han sido desplazadas por los hechos de violencia antes descritos?
2.- ¿Qué acciones directas se han realizado para solucionar la carencia de alimentos y productos para la salud?
Exponiendo las grandes necesidades no sólo concernientes a cuerpos de seguridad sino también ayuda humanitaria, ya que las familias que fueron expulsadas de sus hogares aun cuando encontraron resguardo bajo el domo de una escuela dentro de la población de las Cinco Llagas, siguen estando amenazadas y sufren ya una carencia grave de suministros.
“Es urgente una respuesta por parte de las autoridades estatales para resolver esta situación de angustia que habitantes civiles de nuestro estado sufren en estos momentos, no solo por que su vida y su seguridad deben ser garantizadas, sino que además se tratan de niños, niñas y mujeres pertenecientes a grupos vulnerables que ya de por sí sufren cotidianamente una deuda del Estado”.
Aun cuando el Fiscal General del Estado de Chihuahua, Cesar Jauregui ha informado sobre la movilización de Agentes de la Fiscalía y policía estatal, esta sigue siendo insuficiente, según miembros de los grupos desplazados y las organizaciones civiles que los respaldan.
