La 67 Legislatura de Chihuahua, con el fin de garantizar que los procesos de desarrollo urbano en Ciudad Juárez se lleven a cabo de manera transparente, apegados a la ley y con un enfoque de sostenibilidad y prevención de riesgos, exhortó por mayoría de votos a la Auditoría Superior del Estado a fin de que lleve a cabo lo siguiente:
I. Inicie un proceso de investigación para supervisar la labor de la Dirección General de Desarrollo Urbano Municipal de Ciudad Juárez respecto a los cambios de zonificación secundaria y aprobación de fraccionamientos y condominios, especialmente sobre los asuntos que requieren dictámenes de impacto territorial y urbano, a fin de verificar que estos se emitan conforme a la ley.
II. Supervise estrechamente tanto a la Dirección General de Desarrollo Urbano, como al Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, para evitar cualquier actuación discrecional del municipio e informe a este Congreso sobre las acciones llevadas a cabo para cumplir con dicha supervisión.
III. Revise la propuesta de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano sostenible a fin de detectar reservas de crecimiento que violen la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua. Así mismo, para que, de manera horizontal, evalúe la capacidad hídrica de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, para determinar si podrá hacer frente a la demanda generada por la expansión urbana propuesta.
IV. Informe a esta soberanía el estatus, el proceso de investigación y resultados de la auditoría, supervisión y/o revisión que se lleven a cabo en atención al presente exhorto.
Todo lo anterior, según testimonios de algunos regidores de distintas fracciones parlamentarias integrantes del Cabildo del municipio de Juárez, existen señales preocupantes de posible corrupción y falta de transparencia por parte de algunas autoridades encargadas de dichos procesos, al grado de que se tienen indicios de que ciertos trámites y expedientes relacionados con cambios de zonificación, aprobaciones de fraccionamientos, condominios y otras acciones urbanas podrían estar siendo manejadas de manera deficiente e incumpliendo con la normatividad vigente.
