El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por mayoría de votos el extinguir 13 de 14 de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyos recursos ascienden a más de 15 mil millones de pesos.
La minuta, que envió la Cámara de Diputados al Senado, reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Estipula que en no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia que ya precisa la norma.
En los artículos transitorios se dispone que los órganos del Poder Judicial tienen 120 días hábiles para suscribir convenios de extinción o terminación de esos fideicomisos, mientras que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen o terminan por la reforma, serán atendidas con los recursos que correspondan de los mismos fideicomisos.
También que los recursos remanentes de ellos deberán informarse a la Tesorería de la Federación en el mismo plazo de 120 días, a la que, además, deberá entregarse el recurso para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo destine a programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo federal.
En la sesión matutina de este martes, se le dio trámite de primera lectura al dictamen de la minuta con el que se reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Posteriormente, en una sesión vespertina, el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez fundamentó el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Defendió que los 13 fideicomisos del Poder Judicial que se propone desaparecer no cuentan con base legal suficiente para subsistir, por lo que la reforma contribuiría a la transparencia y la austeridad en nuestro país.
El legislador acusó que los recursos de esos fideicomisos aumentaron de ocho mil 700 millones de pesos en 2013, a 21 mil 500 millones al segundo trimestre de este año y dan pensiones complementarias a miembros retirados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de gastos de salud ya cubiertos por el ISSSTE que “rara vez se ocupan”.
Los montos recuperados de esos instrumentos de financiamiento, refirió, se utilizarán para beneficio del pueblo y “no de unos cuantos”, pues pueden ayudar a incrementar hasta tres veces los fondos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
De la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador José Narro Céspedes detalló que de los 13 fideicomisos que se plantea suprimir, seis corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Aseguró que la enmienda no intenta afectar bajo ningún término los derechos laborales, pues los gastos que defienden los trabajadores del Poder Judicial ya estaban cubiertos con el Presupuesto de Egresos de la Federación, de manera que los recursos que no se emplean deben ser devueltos a la Tesorería de la Federación.
La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, de Acción Nacional, presentó una moción suspensiva promovida por su Grupo Parlamentario, donde solicitó que se discuta el tema a fondo y se escuche a los trabajadores del Poder Judicial antes de, consideró, “tomar una decisión con odio en la mente”; la propuesta fue rechazada por 56 votos en contra, 36 a favor y una abstención.
Además, las y los senadores Claudia Edith Anaya Mota y Mario Zamora Gastélum, del PRI; Nadia Navarro Acevedo, Gina Andrea Cruz Blackledge, Damián Zepeda Vidales, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y Kenia López Rabadán, del PAN.
Noé Fernando Castañón Ramírez y Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano; Alejandro Rojas Díaz Durán, de Morena; Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural: y Claudia Ruiz Massieu Salinas presentaron votos particulares en contra del dictamen.
Luego de la presentación de los votos particulares, la Asamblea dio paso a la presentación de posturas de los Grupos Parlamentarios.
