Tras reiterar que el delito de secuestro de personas relevantes en está prácticamente desterrado en Chihuahua, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, señaló que lo que sí tenemos, a raíz de la pésima política migratoria en el país, es un incremento sustancial de ese delito en contra de migrantes en la frontera.
Tenemos que, las personas que vienen a la frontera en busca de poder trasladarse a los Estados Unidos a trabajar, a realizar “el sueño americano”, son cooptadas por el crimen organizado a fin de sacarles todavía más dinero extorsionando a las familias, además de lo que les cobran por cruzarlos.
“Todos los días estamos deteniendo gente que está realizando eso, se los puedo decir, todos los días, es un trabajo ya cotidiano para la Fiscalía de Proyectos Especiales que es la que se encarga del secuestro y la extorsión”, agregó el Fiscal General.
Abundó que afortunadamente, no se hay casos en donde se les provoque algún daño, se les causen lesiones graves o asesine, “hasta ahorita, el objetivo ha sido ‘sangrarlos’ económicamente.
Durante la atención a medios, abordó diversos temas en los que puntualizó aspectos relevantes en la procuración de justicia y combate al crimen organizado.
Descartó que el poderío de parque del crimen organizado haga suponer que en Chihuahua se esté a merced del narcotráfico, ya que, a su vez, las corporaciones policías y específicamente la Fiscalía tiene suficiente para contenerlos.
En cuanto a la procuración de justicia y al abordar casos en los que jueces han rechazado solicitudes del Ministerio Público, destacó que se tiene una excelente relación con el Poder Judicial y que los reveses “nos obligan a ser más cuidadosos y más limpios en nuestro trabajo y más escrupulosos en la redacción de nuestros escritos, porque, además, es una obligación del Ministerio Público, como representante de la sociedad, impugnar todos los casos en los que no se compartan los criterios de los juzgadores”.
En otro orden de ideas, informó que se tienen avances importantes para el esclarecimiento de casos como el de las dos mujeres que fueron victimadas en Balleza en una disputa de aprovechamientos forestales; el de la niña Alondra, en cuyo caso ya existe una orden de aprehensión en contra de un presunto responsable y otros que han tenido repercusión social.
Informó que, con toda oportunidad, se dará respuesta a la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el evento suscitado la madrugada del día primero de enero del presente año que cobró la vida de 17 personas y adelantó que se redactará un informe completo en coordinación con otras dependencias del Gobierno del Estado.
