Las políticas del estado mexicano en materia de seguridad pública tienen un impacto adverso en los estados y municipios, así lo expuso el Fiscal General Cesar Augusto Peniche Espejel, al considerar que hay una inequitativa distribución de los recursos para atender la problemática.
“Nosotros no vamos a negar nuestra responsabilidad, ya que hoy por hoy, estados y municipios estamos atendiendo asuntos de delincuencia organizada que le corresponden a la federación, pero si exigimos que haya una correcta distribución de los recursos para poderlos atender debidamente” expreso el funcionario.
Externó, que el presupuesto que ejerce la federación para atender este tema es sumamente elevado en comparación con el que reciben los estados y municipios, por lo que consideró que mientras esa situación persista continuará el problema de la inseguridad.
Poniendo como ejemplo, la desproporción en los salarios que reciben los policías federales comparados al de policías municipales con sueldos de cuatro mil pesos mensuales, así como la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que el 25 por ciento se queda en dos o tres entidades y el resto se distribuye al resto de las entidades.
Peniche Espejel, señaló que se necesita una distribución más equitativa de los recursos, que estos no se concentren solo en la federación, y que no dejen solo a los estados la responsabilidad de la seguridad.
