MENSAJE DEL GOBERNADOR JAVIER CORRAL, EN LA CONFERENCIA DE PRENSA EFECTUADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA QUE DENUNCIA LAS REPRESALIAS EN CONTRA DE CHIHUAHUA POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.
Muy buenas tardes a todas y todos ustedes por estar aquí, por haber acudido a esta convocatoria. Quiero en primer lugar saludar y agradecer a todos los integrantes del grupo Encuentro Chihuahua que me acompañan esta tarde en esta conferencia de prensa.
Ellos desde hace tiempo son aliados del Gobierno de Chihuahua y sus mejores causas. También agradecer la presencia del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, y a ellos a través de su presidenta Jacqueline Peschard, que nos acompañen. A todas y a cada uno de ustedes, gracias, senadoras, senadores, líderes sociales, políticos, activistas.
Voy a dar a conocer un texto:
Desde mi llegada al Gobierno de Chihuahua señalé las graves condiciones de bancarrota en las que la administración anterior, producto entre otras cosas, de una corrupción generalizada e indignante, había dejado la hacienda pública.
El 4 de octubre de 2016 recibí la administración estatal de Chihuahua con apenas 21.8 millones de pesos de saldo disponible en tesorería, una deuda por más de 50 mil millones de pesos y un déficit cercano a los 8 mil millones de pesos. Si alguien sabe de esta situación es el presidente Peña Nieto, a quien le he expuesto los datos y los números.
Me he abocado a resolver, con austeridad, ahorro, aumento de la recaudación y una mejor fiscalización, la situación financiera del Estado de Chihuahua. Esa ha sido y sigue siendo una de las prioridades centrales de la administración que encabezo.
En este marco, el pasado 14 de diciembre, el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suscribimos varios convenios por los que la Secretaría entregaría al Gobierno del Estado recursos para varios programas: de Desarrollo Regional por 44 millones 777 mil pesos, de Fortalecimiento para obras diversas, de Gestión Legislativa por 35 millones 334 mil pesos y, un convenio de Fortalecimiento Financiero que implica la transferencia de 700 millones de pesos a fin de que el Estado cuente con recursos suficientes para concluir el Ejercicio Fiscal 2017.
Este tipo de convenios se realizan regularmente entre el Gobierno Federal y las entidades federativas que enfrentan una compleja situación financiera y Chihuahua recibió, por este concepto, apoyos de $1,000 millones de pesos en 2014; $1,183 millones en 2015, transferidos a la anterior administración y $770 millones en 2016, ya dentro de nuestro primer año de ejercicio, y para el cierre de 2017, convenimos una transferencia de 700 millones.
Como parte de las investigaciones contra la corrupción que se han dado desde el primer día de mi Gobierno, el pasado 20 de diciembre se dio a conocer la detención de Alejandro Gutiérrez, ex-secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
El juez de Control ha dictado un auto de vinculación a proceso y decretado la prisión preventiva por el delito de peculado agravado por 250 millones de pesos al señor Gutiérrez por su participación en un elaborado esquema de simulación de contratos de prestación de servicios profesionales, que nunca se realizaron, y que permitió la sustracción de recursos públicos de los chihuahuenses para emplearse con fines partidistas.
A partir de dicho anuncio y ante el esfuerzo de combate a la corrupción que lleva a cabo el Gobierno de Chihuahua, por el que ya hay 15 personas entre procesadas y condenadas en diversas causas penales, entre ex-funcionarios y empresarios que colaboraron con estos en la trama de simulación de operaciones, insisto, ante este hecho, se le pretende imponer, al pueblo de Chihuahua, una represalia económica desde el Gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y que nos fue comunicada directamente por el Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Los hechos son los siguientes:
Los recursos para el saneamiento financiero convenidos en diciembre no fueron radicados durante ese mes, como se establece en el convenio que tenemos firmado.
Con posterioridad a la detención de Alejandro Gutiérrez, se adujeron primero razones de disponibilidad financiera, siendo Chihuahua la única entidad federativa a la que no se le transfirieron recursos, esto es, sólo para el Estado de Chihuahua no hubo disponibilidad de recursos, lo cual nos provocó un enorme problema para el cumplimiento cabal de las obligaciones como es el pago de salarios, aguinaldos, proveedores, entre otros.
Conociendo la buena interlocución de Gustavo Madero con el Secretario José Antonio González, le pedí a Madero, además nuestro Coordinador Ejecutivo de Gabinete, que estableciera contacto de inmediato con el Secretario para conocer los auténticos motivos del incumplimiento del convenio.
González Anaya le dijo que se había caído la recaudación, y cito textual: “nosotros también estamos teniendo problemas para el cierre”, añadió el Secretario de Hacienda. Lo que no dijo el Secretario de Hacienda es que la supuesta baja en la recaudación sólo afectó a Chihuahua.
Delante de mí, Madero preguntó directamente al Secretario de Hacienda, “A ver Pepe Toño, no se está mezclando en esto otra agenda”. El secretario contestó: “hay que platicar, hay que platicar”. Y de ahí se convino una reunión.
Esta se llevó a cabo el pasado viernes 4 de enero a las 6 de la tarde en el despacho del Secretario ubicado en Palacio Nacional. A ella asistieron el secretario de Hacienda, José Antonio González; Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos; el procurador fiscal Max Diener y también el señor Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario. Y por nuestra parte, además de un servidor, Gustavo Madero, y Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Ahí nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo, pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios. Quiero señalar enfáticamente que dicho argumento carece de asidero jurídico, ya que el delito que se investiga consiste en el desvío de los 250 millones de pesos para fines distintos para el que fueron entregados, es decir, no se combate la validez del convenio, sino la ilegalidad del destino.
Para nuestra sorpresa, quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya que el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad, es el desarrollo de esta investigación, que se dirime en las instancias judiciales en busca de combatir la corrupción política, empleada no sólo para dañar el patrimonio de las y los chihuahuenses, sino para lastimar la equidad de la competencia electoral que es, nada menos, el principio fundamental de la competencia democrática de nuestro país.
En suma, el Gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el Gobierno de Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del Estado y poder satisfacer las necesidades de la gente.
Me he limitado a señalar los hechos, pero no puedo dejar de asentar algunas reflexiones:
Estamos conscientes que hemos tocado el “modus operandi” de la corrupción política en México, de la que toda la nación habla, con la diferencia de que nosotros lo hemos acreditado técnica y documentalmente.
Las acciones anticorrupción que hemos realizado responden al daño que se infligió al erario chihuahuense. Tenemos 39 procesos penales iniciados, 30 órdenes de aprehensión libradas por los tribunales, de las órdenes de aprehensión libradas, 10 de éstas en contra del exgobernador César Duarte. Se han cumplimentado 16 órdenes de aprehensión, 23 vinculaciones a proceso dictados por los jueces y 5 sentencias condenatorias.
Que nadie venga a decirnos ahora que estamos enderezando investigaciones con fines electorales, o desde la estrategia de una campaña.
En mi caso no se pueden dar a sorpresa. Lo ofrecí en mi toma de protesta como Gobernador de Chihuahua. Dije entonces: “El gran reto que tenemos en Chihuahua es romper el pacto de impunidad que atraviesa a los más disímbolos actores políticos, económicos y sociales, transversal a partidos, poderes, niveles de gobierno, desmantelar el sistema de corrupción, y parar la escalada de ilegitimidad del poder, porque juntas, corrupción e ilegitimidad, son las precursoras seguras de la violencia política”.
El tema ahora es que la Justicia en Chihuahua ha vinculado a proceso a un alto funcionario de la dirigencia nacional del PRI cuyo ámbito de acción también era nacional.
Parecería una ingenuidad asumir que las operaciones financieras que perpetró en Chihuahua no hayan sido replicadas en otros estados, pero eso no nos corresponde a nosotros investigar, ni siquiera podemos investigar el delito electoral, esto corresponde a la PGR, a la FEPADE, al Instituto Nacional Electoral.
Corresponde al Congreso Federal integrar comisiones de investigación. Chihuahua está haciendo lo que le corresponde y no nos van a doblegar, no vamos a negociar esta investigación, ni por 700 millones, ni por todo el presupuesto de Chihuahua, porque a la larga todo México pierde.
¿O, a Alguien le parece descabellado pensar que la reacción del Gobierno Federal es del tamaño de su miedo a que las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua lleguen al corazón de un régimen que se ha caracterizado por su corrupción?
Hemos roto el pacto de impunidad que trasciende las fronteras del Estado de Chihuahua, y quieren hacernos pagar las consecuencias.
No voy a ceder ante las represalias ni ante los amagos. Estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias porque no lo hago en defensa mía, tampoco del Gobierno del Estado, lo hago en defensa de la soberanía, de la dignidad, de la grandeza del pueblo de Chihuahua.
Debo solicitar públicamente como lo hago ahora, que el presidente de la República rectifique de inmediato esta determinación en el marco de la relación institucional que debe caracterizar el manejo de la hacienda pública y los principios de convivencia democrática a que todos aspiramos.
En julio de 2016 el pueblo de Chihuahua se manifestó en forma inequívoca en contra de la corrupción. El gobierno que encabezo no solamente no modificará esta línea, sino que avanzaremos en la investigación y documentación de casos como el referido, que dan cuenta del saqueo que la administración de César Duarte Jáquez llevó a cabo.
De nueva cuenta hago un llamado respetuoso, pero enérgico, al Gobierno de la República para que dé curso a la solicitud de extradición, con base a las diez ordenes de aprehensión que han sido giradas por distintos jueces del estado y hagamos del combate a la corrupción, en el ámbito de nuestras respectivas competencias, la tarea común que México nos reclama.
De nueva cuenta, muchas gracias a por su asistencia y a quienes están aquí acompañándonos.
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