– Las competencias de la FEPADE y de la Fiscalía General del Estado están establecidas en la ley, no sujetas a la voluntad de funcionarios
Es falso y tendencioso por parte de Diario de Chihuahua y Diario de Juárez, difundir a sus lectores la idea de que se pactó entre los gobiernos del Estado y la Federación en torno a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado sobre el caso de peculado agravado por 250 millones de pesos.
Las competencias de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y de la Fiscalía General del Estado, están establecidas en la ley, no sujetas a la voluntad de ningún funcionario.
La posición del Gobierno del Estado ha sido muy clara en ese sentido: que cada instancia actúe conforme a la ley, lo que no requiere algún tipo de acuerdo para repartirse competencias, como sugiere la nota y el encabezado de los periódicos: “Caso de desvío de recursos hacia el PRI. Pactan Estado y Federación”.
Cuando el titular de la FEPADE hizo el anuncio de que esa instancia atraería el caso, se advirtió por parte del Gobernador Javier Corral Jurado que legalmente eso no sería posible, porque se trata de una investigación ya judicializada en Chihuahua y que en todo caso, lo que debería hacer la FEPADE es abrir una carpeta de investigación sobre el delito electoral y llegar ahí hasta las últimas consecuencias.
Eso es lo que después se clarificó en comunicaciones del propio titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana y en la reunión que éste sostuvo con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche: la FEPADE investigará el señalamiento del posible desvío de recursos a un partido político, sin perjuicio de las acciones iniciadas ante la instancia judicial del Estado de Chihuahua.
Y lo que tanto el Fiscal General como el Gobernador del Estado han ofrecido públicamente, es colaboración con esa instancia federal.
“Vamos a compartir todas las investigaciones y todos los expedientes y toda la información que nos soliciten”, destacó Javier Corral.
El Gobierno del Estado reafirma esa disposición de colaboración y de disposición al diálogo, siempre en el marco de la transparencia y la legalidad, sin ningún tipo de concesiones, claudicaciones o pactos deshonrosos.
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